!QUÉ POBRES LAS PALABRAS Y LAS LEYES!

Se desahoga mi amigo Antonio en un comentario de mi blog, dando rienda suelta a la comezón (bueno, a la mala leche) que siente por una multa de tráfico que le han puesto y que da la impresión de que no la entiende justificada.

Me da pie la noticia para rogarle calma, para animarle al recurso -él anda versado en asuntos judiciales-, para empujarle a que los mande a todos al carajo si con eso se siente más a gusto y, sobre todo, para volver a considerar la pobreza de las palabras y de las leyes.

Se dice que en una sociedad civilizada, cuando dos personas no se ponen de acuerdo, acuden a unas reglas fijadas que se llaman leyes. Es eso que tan pomposamente llaman el estado de derecho. Vale, qué bien suena. Como intento no está mal, pero me parece que falla por demasiadas partes.

Para empezar, lo redacta y lo aprueba el grupo mayoritario pero no siempre la totalidad de la sociedad que tiene que cumplir el precepto. De modo que ya empezamos a regañadientes. Pero es que luego anda por medio la redacción y el oficio de las palabras y de los juntadores de palabras. Y volveré a dar fe de que las palabras, aun en la mejor de las variables posibles, son siempre debilísimas aproximaciones a la realidad, acercamientos a tientas y esbozos imprecisos de lo que se quiere decir. Cualquier aficionado al asunto de jugar con las palabras lo comprueba cada día y se duele con ello.

Por eso vienen luego las interpretaciones de los jueces, de eso que llaman el poder judicial, y que yo no entiendo por qué es llamado así y no simplemente grupo de funcionarios que trabaja con independencia -como me pasa a mí, coño, y no soy un poder del Estado-, yo no sé con qué horarios aunque me gustaría que fuera con el de ocho a tres, ni un minuto más pero tampoco ni un minuto menos, y los litigios en manos de abogados que recurren y recurren y que, ganen o pierdan, siempre se lo llevan crudo para casa y ya de paso empantanan la justicia, la hacen lenta y tediosa y terminan por mostrarla injusta y rechazable.

Y por si fuera poco, nos queda la escapatoria de los reglamentos, en los que ya se hila finamente a favor del que puede y del que escribe. O del agente que los aplica, que no siempre anda con la capacidad de entender que el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.

Y en esas llegamos a la multa, que no es más que un ejemplo de lo que antes se ha dicho. No sirve mucho aquello de “dura lex, sed lex”. Si hay que pagar, se paga, pues no es correcto aquello de “no sabe usted con quién está hablando”. Se trata de otra cosa.

Ayer escribía yo que una de las cosas en las que más creo -como buen creyente que soy- es el sentido común y la buena voluntad como forma menos mala para solucionar los malos entendidos. El sentido común no es el del lelo ni el del imbécil sino el del que asume las muchas deficiencias de sus razonamientos y no quiere echarse en manos de falsas tonterías ni de dogmas, sino que se acoge a la voluntad de rectificar lo mal hecho y de no volver a repetirlo. El resto es el castigo que en demasiadas ocasiones se transforma en venganza, y, si el que sanciona tiene pistola o porra, con mucho más peligro.

En el caso de la multa se habría evitado la mala leche del multado y estoy casi seguro de que habría aumentado en él el cuidado y el respeto por esa norma en el futuro. No parece poca cosa. No es el legalismo la mejor vía. A las pruebas me remito.

Así que vengan las leyes, pero con el cuidado de su aplicación y la certeza de que la realidad es infinitamente más rica que lo que se recoge en los preceptos. Y ceñirse a la letra es de miseria. Y yo no estoy dispuesto a ser tan pobre.